Asuntos que queman bajo la alfombra

De un tiempo a esta parte, la sociedad parece dividirse en torno a su ideario político, sin advertir que los temas de fondo siguen sin resolverse. Con una crispación que precisamente el poder central no se encarga de disipar, vecinos se cruzan por defensas legítimas, sin detenerse que tal vez que se parte del mismo diagnóstico, aunque claro está, luego se aferran a su respectiva receta. Podría citarse como una buenanueva dentro de tanta pirotecnia de malas noticias, que la Granja Los Pibes pudo construir un Sum que permitirá mayores comodidades a los chicos que allí se reciben, y, lamentablemente, cada vez más. La crisis sigue marcando una brecha descomunal y afortunadamente almas solidarias contienen una demanda que a todas luces el estado está imposibilitado de atender. Allí, una de sus voces, Walter Fernández, insistió en su crudo, pero no por eso real, diagnóstico de lo que pasa, nos pasa. Para ser más gráfico, tomó la figura del paseo Movediza para endilgar sin tapujos que aquello que hoy se levanta no representó lo que algunos pretendieron. Nadie podrá negar sobre la notable incidencia en la economía doméstica que ha traído el turismo por estos pagos, y la Réplica de la Piedra, con el hermoseo del predio (lejos de aquel mentado Parque lítico) resulta un atractivo más. A ello indudablemente debe sumarse el rescate del símbolo de la ciudad, el ícono que por décadas vivió en la desidia. La obra fue aplaudida y de la celebración nadie quiso estar ausente, ni el mismísimo Kirchner, por aquellos años el hombre más generoso que el lunghismo pudiera haber conocido. Después los años, o las acomodaticias posiciones políticas puso a cada uno en el lugar que los convenía. De allí a anunciar, como se pronosticó, una revolución en la populosa barriada de Movediza se está años luz. La demanda social es creciente, y si no que lo digan desde la propia secretaría de Desarrollo Social. Ni que hablar de aquellos actores sociales afincados en la zona que aluden al incremento de la demanda. Las otras obras prometidas, que hacen a viviendas, y con ello infraestructura básica ha quedado otra vez en un halo de ilusiones que sólo una mejora en la macroeconomía permitirá saldar. El radicalismo -sus concejales para más datos- recogió el guante, y detalló, con razón, sobre el paso de la gestión por aquellos lares. Lo que implica el Centro Integrador Comunitario y sus diversas actividades, los centro de informática y demás yerbas. Pasos que no precisamente dieron esos voceros, que sólo se los vio por la zona cuando la réplica se ubicaba en la cima y pocas veces más. Al único que no podría reprochársele presencia, más allá de los tiempos electorales es al propio jefe comunal y sus más estrechos colaboradores, que no han perdido aún la saludable costumbre de salir de sus despachos y verse las caras con los vecinos, aunque los tiempos no sean para dar buenas noticias. Para aquellos concejales, de debiera omnubilarlos la defensa de una administración para aceptar que falta y mucho. Que la coyuntura no ayuda, que Tandil no es una isla, pero se insiste, el desarrollo local no ha sido el fuerte de este exitoso paso lunghista. Como el kirchnerismo, se perdieron años de bonanza en la temática, y el costo debiera asumirse sin excusas. SIN RESPUESTAS No sin capricho, podría señalarse otras aristas del entramado del tejido social para intentar descifrar porqué estamos como estamos y lejos está la dirigencia de darse el debate que merece la realidad que pesa. El sistema judicial y el penitenciario, concretamente, es una de las deudas pendientes más aberrantes que esta sociedad prefiere ignorar. Nada se ha hecho desde el poder central para revertir una crisis que cuestiona el grado de civilidad de nuestra sociedad y de sus instituciones. La situación carcelaria constituye una de las deficiencias más significativas de nuestra institucionalidad democrática, reza un informe del CELS, que coincide con la finalización del período de gobierno de Néstor Kirchner, quien en uno de sus últimos actos oficiales reconoció que “el mejoramiento profundo del sistema penitenciario argentino” es una de las asignaturas pendientes que su gestión le legará a la de su esposa y sucesora, Cristina Fernández. A la fecha, por si hace falta aclararlo, nada ha modificado el status quo. Vale reseñar que el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales- es una organización no gubernamental, fundada en 1979, para la promoción y protección de los Derechos Humanos y el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho en Argentina, que desarrolla sus actividades especialmente desde el punto de vista técnico-legal. Integrantes del centro estuvieron en la ciudad en la semana que pasó, en el marco del plenario de red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires, y allí se achacó sobre el rol de los jueces a la hora de garantizar los derechos que sistemáticamente se están violando frente a sus narices. Un informe publicado por el organismo, da cuenta que el vertiginoso aumento de la población carcelaria no es un fenómeno espontáneo, pues no se relaciona solamente con un aumento demográfico ni con un incremento de la criminalidad. En el período 1997-2006 la tasa de hechos delictuosos cada 100.000 habitantes, en la totalidad del país, aumentó el 37 por ciento. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires la tasa de delitos cada 100.000 habitantes, desde 1990 hasta 2006, aumentó el 34 por ciento. Si bien estos últimos datos mostrarían, en los períodos referenciados, un crecimiento considerable de la criminalidad en nuestro país, esta evolución no guarda proporción con el incremento exponencial de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Se detalle que el ritmo de aumento de la tasa de encarcelamiento en la provincia fue mucho más acelerado: entre los años 1994 y 2006 aumentó el 100 por ciento. Según la estadística oficial, en la provincia se ha registrado una disminución de la tasa de hechos delictivos en los últimos años, en 1999 la tasa fue de 2.223, en 2000 de 2.124, en 2001 de 2.121, en 2002 de 2.523, en 2003 de 2.278, en 2004 de 2.044 y en 2005 de 1.633. Reza el informe que el colapso del sistema penitenciario es fruto de decisiones políticas que privilegiaron el recurso al sistema penal como herramienta para resolver conflictos sociales. En este sentido resultan particularmente relevantes las reformas de las leyes procesales tendientes a generalizar el uso de la prisión preventiva. El endurecimiento de la legislación penal y procesal penal ha sido la respuesta recurrente de las autoridades del Estado frente a la demanda de mayor seguridad ciudadana. Y lo sigue siendo. Asimismo, ya sea por las leyes de endurecimiento de las excarcelaciones o por las dinámicas inquisitivas propias de los distintos sistemas penales del país, la prisión preventiva sigue siendo la respuesta más usual del poder penal. Aquí lo que se quiere manifestar es que los conflictos sociales parecieran querer encontrar una respuesta desde la judicialización, desde la penalización de equis problemática, cuando se debiera advertir que las soluciones parten desde otras decisiones. La política y sus dirigentes, han sido un notable ejemplo de ello. Cuando no se logran consensos y el debate no se allana, se termina acudiendo a otros poderes para ni más ni menos quitarse la responsabilidad que les confiere el rol que emprendieron, de lo contrario, como hasta ahora, todo preso es político.